16 de abril de 2009 a las 20:55
Hoy por la mañana nos despertamos con la noticia que el Poder Ejecutivo había superado los topes legales fijados en materia de deuda. Esta noticia involucra, al menos, dos aspectos de extrema gravedad.
En primer lugar, a esta altura de los acontecimientos parece que mas que gobierno tenemos reinado. En efecto, la República, tal como se concibe en las democracias, implica separación de poderes y determinado orden jurídico que hay que respetar. En el tema de marras el Poder Ejecutivo violó la Constitución (art 85 numeral 6º), que indica que es la Asamblea General la que le marca los topes de endeudamiento, bajo iniciativa del primero. Este es un viejo principio, los Parlamentos surgieron para controlar al Poder Ejecutivo, entre otras cosas en sus gastos y la deuda que puedan contraer y asegurar una gestión que respete la voluntad de la gente.
A su vez violó la ley Nº 17.947, propuesta por este mismo Ejecutivo, en un doble sentido; por un lado contrajo deuda, incluida la excepción que la propia ley admite, por encima de lo permitido y, por otro, no comunicó a la Asamblea General como era su obligación que iba a sobrepasar el máximo.
Se violaron los artículos 79 y 80 del TOCAF y se incurrió en falta administrativa de acuerdo al artículo 119 de mismo Texto Ordenado.
Ante esto, el Ministro de Economía incurrió en responsabilidad política y debería afrontar las consecuencias.
Como se advierte el hecho es muy grave, porque se desconoce por completo el pilar fundamental de una democracia, el respeto por la Constitución y la Ley. Si el Poder Ejecutivo puede hacer lo que quiere, en los hechos significa que no existe Parlamento; las Instituciones dejan de ser el soporte y la garantía de los ciudadanos y no hace falta describir las consecuencias. En democracia se vota a personas para que gobiernen, dentro de determinado marco, no para que “reinen” sin límites.
En segundo lugar, existen aspectos económicos de importancia. El que exista más deuda no hace no otra cosa que ratificar lo que he venido sosteniendo desde hace algún tiempo; i) que el déficit real de las cuentas públicas es superior al que informa el gobierno, ya que excluyen, entre otras cosas, las aventuras de ANCAP, las SA de UTE y ANTEL, al tiempo que la CND está endeudándose y ejecutando gasto público en una burda violación de todo el proceso de contratación del Estado, y ii) que el gasto público votado y que se quiere ejecutar es exagerado ya que supera las posibilidades del país.
Lo importante de lo anterior no es el hecho, sino sus consecuencias. Más deuda implica más intereses a pagar, que a su vez trae que el gobierno deba recaudar más impuestos para ello y no pueda dedicar recursos a sus fines esenciales. Más impuestos es menos dinero disponible para los trabajadores, los jubilados y la población en general. El sobre gasto actual se paga con más deuda y ésta necesariamente con menor gasto futuro, no solo porque esta deuda habrá que pagarla, sino porque se deben abonar los intereses.
En resumen, el próximo gobierno, sea quien sea, deberá enfrentar esta situación producto de una política irresponsable que dilapidó la mejor coyuntura externa que tuvo el país, seguramente desde su independencia.
